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LIA LAMM |
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EL ACUERDO OBLIGA AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DE $260,000 AL GRUPO DE ANCIANOS QUE DEMANDÓ AL ASILO SUMMIT AT THE NEWFOREST EN FEBRERO DE ESTE AÑO. |
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Corte da la razón a ancianos
ARMANDO GARCÍA
Responsables de un asilo deben pagar una fuerte suma por tratar injustamente a algunos de los residentes
Se alcanzó una acuerdo económico entre quienes regentaban el asilo Summit at the Newforest y un grupo de ancianos afectados.
El acuerdo obliga al pago de una indemnización al grupo de ancianos que demandó al asilo que por expulsar a quienes no pudieran valerse por sus propios medios.
El acuerdo fue logrado después de que el Departamento de Justicia llevara a juicio a las compañías que dirigían la institución. Estas empresas son Pacific Life Insurance y Cooperative Retirement Services.
El Departamento de Justicia dijo que estas empresas violaron la Fair Housing Act, al discriminar a los residentes que no podían valerse por sí mismos. Los hechos ocurrieron en 2002.
De acuerdo con la demanda, Pacific Life Insurance intentó cambiar las condiciones de la póliza del asilo para atraer residentes en mejores condiciones físicas que se pudieran valer por sí mismos y que no requirieran de demasiada atención.
La demanda se presentó en febrero de este año.
Dos demandantes iniciaron el proceso judicial: Inez Casaregola, residente del asilo, y el periodista Chuck McCollough, cuya madre, vivió en el complejo y fue discriminada.
Más tarde, el Departamento de Justicia incluyó a seis personas más en la demanda, aunque podría haber más demandas por el mismo caso.
Pacific y Cooperative Retirement Services deberán pagar a los ancianos afectados $260,000 en total. Además, cada empresa tendrá que pagar $25,000 al gobierno en concepto de sanción.
Igualmente, se estableció un fondo de $110,000 para compensar a otras víctimas que pudieran surgir a raíz del litigio y de las prácticas discriminatorias.
La empresa Senior Housing Services, dueña actual del asilo, estuvo involucrada en la demanda pero no fue incluida en el acuerdo de pago porque acordó capacitar a su personal en el "trato humano" de los ancianos.
"Los hechos tuvieron lugar año y medio antes de que adquiriéramos la compañía", dijo Bill Layer, vicepresidente regional de Senior Housing Services. "Como consecuencia de la compra heredamos la responsabilidad en el caso".
"Nosotros no fuimos los infractores. Quisimos dar el ejemplo en San Antonio de seguir la ley al pie de la letra", concluyó.
Layer dijo que ya han invertido en el asilo unos $2 millones en mejoras desde que lo compraron en junio de 2003, y esperan invertir un millón más.
"Las personas con incapacidades que residen en estos lugares esperan que sus derechos sean respetados", dijo R. Alexander Acosta, fiscal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "La discriminación que se dio en este lugar no se tolerará nunca más", aseveró con determinación Acosta.
Quienes hayan residido en este asilo antes de junio de 2003 y crean que se les discriminó por necesitar asistencia personal en sus tareas cotidianas, pueden llamar al 1-800-896-7743.
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